Luego de que el huracán Katrine arrasara no sólo con New Orleans sino con la siesta eterna de los adictos a lo que sucede en la TV, desde todos los rincones surgieron voces de alerta sobre las consecuencias del calentamiento global producto de las emisiones de gases provenientes de la actividad industrial. Tarde dieron cuenta de que las denominadas “catástrofes naturales” muchas veces son catástrofes generadas por el hombre y la lógica del mercado.

Sin embargo, nada detiene a este sistema cuyo objetivo es la máxima riqueza y que, más temprano que tarde, construyó un nuevo modelo de negocio basado en el desastre que él mismo produjo: los bonos verdes. Con ellos y a través de un fondo de inversión, las industrias contaminantes invierten en proyectos que, supuestamente, apuestan a un desarrollo limpio.

Eufemísticamente denominados “eco-negocios”, no son otra cosa que una manera de continuar contaminando, a través de la emisión de gases, mientras se mercantilizan y privatizan los recursos naturales como bosques o fuentes de agua considerándolos “sumideros de carbono”. El gobierno kirchnerista, que carece de todo tipo de política de protección ambiental, encontró otra manera de atraer divisas y creó el Fondo Argentino de Carbono (FAC). Días después, El Federal (revista del holding Hadad dirigida a la industria agrícola) le dedicaba tapa a los bonos verdes y anunciaba cuáles eran “los negocios más rentables y qué hacer para subirse al nuevo capitalismo verde”. Para que no queden dudas, alentaba inversiones en las industrias papelera, maderera y en la manipulación de residuos. Y le dedicaba un cómodo último lugar a la energía eólica.

Un poco de historia

El primer reconocimiento que hacen los gobiernos sobre la existencia de un calentamiento global antropogénico (generado por el hombre) data de la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992. Sin embargo, desde mucho tiempo atrás, científicos y ambientalistas venían alertando sobre un aumento desproporcionado de la temperatura terrestre desde la Revolución Industrial y, sobre todo, luego de la Segunda Guerra Mundial, debido al aumento de los niveles de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera, entre ellos el dióxido de carbono (CO2).

Si bien el CO2 naturalmente es producido por la respiración, la evaporación del agua y por procesos del suelo tanto como erupciones volcánicas, el excesivo aumento de este gas es producto de la combustión de petróleo, gas y carbón que el hombre utiliza para generar energía, para transporte y para los procesos industriales, además de las deforestaciones y talas de bosques.

En diciembre de 1997, en Kyoto, se firmó el Protocolo donde 39 países industrializados se comprometieron a reducir las emisiones de seis gases: CO2; metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) –por prácticas agrícolas y explotaciones ganaderas-, compuestos perfluorocarbonados (PFC), hidrofluorocarbonados (HFC) y hexafluoruro de azufre. Los últimos son totalmente antropogénicos y eliminados por el uso de aerosoles, refrigeradores y aire acondicionados. Según el Protocolo, las emisiones se debían reducir un 5,2 % en el período 2008-2012 tomando como año base a 1990. “Investigaciones presentadas en ese encuentro estimaban que para controlar satisfactoriamente el ‘efecto invernadero’ había que encarar una disminución del 60 por ciento”. (Luis Sabini Fernández, coordinador de Ecología y DDHH, Facultad Filosofía y Letras (UBA), en Eco Portal).

Para que el Protocolo entrara en vigencia debía ser ratificado por 55 países (algo que se logró en 2004 con la firma de Rusia y la negativa de Estados Unidos -responsable del 36,1% de las emisiones- y Australia). Sin embargo, entre 1997 y el año pasado se fueron sucediendo las reuniones de delegados (COP) que introdujeron los cambios necesarios para que todo se transforme en una nueva manera de hacer negocios para el poder económico. En la COP 8 (2002) se incluyen a las plantaciones comerciales de árboles (pinos y eucaliptus para las industrias maderera y papelera, por ejemplo) como sumideros de carbono en lo que se denomina Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). El secuestro de carbono, algo que sucede naturalmente en la atmósfera, pasa a transformarse en una nueva manera de hacer negocio y desvía el objetivo de bajar las emisiones.

Así, las multinacionales y los gobiernos que las apañan invierten dinero en la compra de bonos verdes en países subdesarrollados mientras continúan contaminando. “El mercado de carbono dista de ser una solución definitiva y sustentable –reconoce Raúl Montenegro, de la Fundación para la defensa del Ambiente (FUNAM)-. Asume que deben bajarse las descargas de dióxido de carbono, y que no importa dónde se produzca esa reducción. Esto le permite al primer mundo seguir descargando, pero comprando ‘bonos’ en el tercer mundo.”

Para Noemí Abad, directora de Eco Portal, “esas naciones pueden tranquilamente seguir emitiendo gases con tal de que le compren ‘naturaleza’ a los países pobres. Nosotros tenemos los bosques y tenemos que defenderlos, y ellos tienen que bajar sus emisiones. Son cosas distintas. Con este primer avance de considerar a los bosques sumideros de carbono les damos la autorización para continuar consumiendo y emitiendo gases.” Mientras, la protección ambiental sufre un nuevo revés en la COP 9 cuando se toman como sumideros a las plantaciones de especies genéticamente modificadas.

¿La soja también?

El afán de lucro y el objetivo de ganancia rápida, llevó a los editores de Clarín Rural (28/02/2004) a titular “El cambio climático beneficiaría a la soja”, donde se destaca un estudio realizado por la Universidad de Illinois que asegura un incremento del 13 % en el rendimiento. Mientras, en Estados Unidos, la Pacific Northwest Direct Seed Association recibió un pago por su aporte a la conservación del medio ambiente, como si la siembra directa fuera una herramienta para reducir la carga de gases de efectos invernadero.

Desde mediados de los ’90 y sobre todo luego de la devaluación, Argentina asiste a un avance indiscriminado de la soja sobre cultivos tradicionales, bosques y montes. Los ambientalistas temen que, más temprano que tarde, se cataloguen a los cultivos de soja como sumideros de carbono. El temor tiene más de un sustento. Existe un proyecto de ley denominado Prosuelo-Bono Verde, presentado por el diputado ucedeísta por Córdoba, Mauricio Bossa (creador de proyectos de ley para bajar los impuestos a los fertilizantes o privatizar el subsuelo), para que el Estado otorgue bonos a “aquellos productores que adhieran a determinadas pautas de conservación de suelos. Verde suelo y verde dólar: una combinación práctica para asegurar la sustentabilidad de la producción agrícola”. De protección medio ambiental, nada.

Pero los temores no terminan ahí. La búsqueda de alternativas renovables a la explotación de combustibles fósiles hace que, desde un tiempo a esta parte, acapare mucha prensa el biodiesel (combustible basado en recursos como soja, maíz, caña de azúcar y colza, entre otros). Ante un futuro de escasez de petróleo y presiones de Europa para que aumente el consumo de combustibles renovables, el biodiesel despierta el interés de empresas como Química Nova, Fimaco y Repsol que, por supuesto, de ambientalistas no tienen nada. ¿Qué pasaría si el gobierno da vía libre a la Ley de Biodiesel que otorga a los productores quince años de gracia del IVA, exención de ganancias y del impuesto al costo financiero y endeudamiento empresario (Revista Valor Nº 2)? ¿Qué pasaría si la producción de biodiesel otorga bonos verdes? ¿Hasta dónde se extendería la frontera agropecuaria? ¿Qué argumentos habría para detenerla?

Los beneficiados de siempre

La presentación del Fondo Argentino de Carbono tuvo todos los condimentos de una gran noticia, incluyendo la dialéctica que Kirchner suele darle a cada acto de su gobierno, dando como buenas nuevas lo que no son, y la presencia del ministro de Salud y Medio Ambiente, Ginés González García. Así también lo hicieron saber los principales medios del establishment político-económico. Pero, ¿quiénes salen beneficiados? “Las empresas porque generan, además, una red de intermediarios que ganarán mucho dinero (eco negocios con eco intermediarios)”, responde Montenegro. A tal punto, que existen consultoras dedicadas exclusivamente al asesoramiento para “eco inversiones” y la tonelada de dióxido de carbono en Europa (tCO2e) varía su cotización diariamente (www.pointcarbon.com).

“Actualmente, un crédito se vende al por menor en 7 dólares, cuando en el año 2000 tenía un precio de 1 dólar –cuenta Montenegro-. Chile es el líder regional en operaciones con bonos de carbono. Agrosuper, una empresa chilena, maneja una población de 100.000 cerdos. Invirtió 30 millones de dólares para tratar el metano que producían sus desechos. Actualmente gana unos 400.000 Certificados de Reducción de Emisiones (CERs) al año, que vende a compañías de electricidad de Japón y Canadá. El costo marginal de mitigar emisiones en los países de origen es de unos 164 dólares por tonelada de CO2 en Estados Unidos, y de 260 dólares por tonelada de CO2 en Europa. Comprando bonos se compra tiempo, sobre todo porque la disponibilidad de combustibles fósiles tiene los años contados, y porque la compra de bonos hace que las instalaciones para controlar descargas no sean tan grandes como las que necesitarían para controlar el cien por ciento de sus emisiones”.

Estado de alerta

Así como la “soja solidaria” fue el caballo de troya para la aceptación del avance indiscriminado de la frontera agrícola (impulsada por el Grupo Clarín y apoyada por muchos movimientos sociales en sus inicios), es probable que los bonos verdes sean la puerta de entrada para que las plantaciones de pinos y eucaliptus arrasen con los pocos bosques nativos que quedan. Siempre sustentada sobre la falsedad de la protección medioambiental, impulsada por las multinacionales y los organismos financieros y apoyada por gobiernos ávidos de divisas.

“Mientras los gobiernos tengan más cosas que sean consideradas como sumideros de carbono tendrán más bonos de carbono para vender, y cuánto más bonos haya para vender más baratos serán, por lo tanto más podrán comprar las empresas para seguir contaminando”, opina Noemí Abad.

“Este gobierno está más preocupado por la continuidad del chorro de divisas que genera la soja, y mucho menos por las futuras generaciones de Argentinos que morirán a causa de los ambientes nativos destruidos por el fuego, la soja y la minería –asegura Montenegro-. Aunque el cambio climático es un problema real y acuciante, la deforestación y destrucción de ambientes nativos es un problema mucho más grave y de efectos impredecibles. Lo preocupante es que destrucción de ambientes nativos y cambio climático se potencian entre sí aumentando la magnitud de las catástrofes del siglo XXI”.

El aumento de la temperatura en la Tierra es un cáncer que el sistema trata de curar con aspirinas. Los sumideros de carbono no son la solución, sino que urge bajar las emisiones de gases. Pero ninguna respuesta dada en este sentido, ya sean energías limpias y protección de bosques, será completa si no entran en discusión los patrones de producción y consumo que ostenta el modelo de desarrollo vigente